Inservibles y desechables
Roger Aguilar Salazar
Yucatán ha perdido el 30% de sus campesinos en los últimos tres años. Lógico, dice el gobernador del Estado, y normal para una república en la cual todos los estados que la integran pasan por lo mismo: aun en estados con mayor desarrollo agrícola, en los que la excesiva importación de granos y otros productos agrícolas de Estados Unidos es causa de que cientos de miles dejen el agro y abandonen el país. Y si eso sucede a agricultores otrora “exitosos”, ¿qué podían esperar los pobladores del campo yucateco cuya miseria es endémica? En los países capitalistas desarrollados, la tierra, como toda riqueza que crea el trabajo, está acaparada. En los Estados Unidos, la escasa población que se ocupa en el campo, ese 3% a 7% que toma como modelo el gobernador yucateco, es consecuencia de un largo proceso por el cual de la mayor parte de la tierra y cultivos se ha adueñado un puñado de grupos corporativos (Monsanto, Cargill, etcétera), que obtienen subsidios de decenas de miles de millones de dólares del gobierno de ese país para que vendan en el exterior sus cosechas a precios más bajos que los promedios de su mercado interior.
El gobierno de México también da apoyos, pero son menores y su mayor parte la acaparan unos cuantos exportadores; y si se midieran los subsidios a los “proyectos exitosos” con los que se dan a los “sociales que no cuajan” quizá se podría entender mejor por qué en sólo tres años casi un tercio de la fuerza laboral abandonó el campo yucateco, proporción que al gobernador le parece aún insuficiente. Cierto, los mayas campesinos no se extinguirán, ¡qué más quisieran algunos que quitarse de esos “estorbos”! Pero los que la maltrecha economía rural expulsa no se van conforme a un plan que les garantice ocupación.
Son prescindibles porque están al azar, a que cada quien se las arregle como pueda. ¿Qué se les dio, qué se les ofrece al otro tercio sobrante? Salvo el peonaje al servicio de otros en sus propias tierras, la inmensa mayoría tiene que ir a las ciudades a “escoger” entre el ambulantaje, el lavado y el cuidado de los coches en las calles, los temporales empleos en la construcción o hasta arriesgarse a la ruleta rusa del cruce de la frontera. De parias rurales pasan a parias urbanos, objetos de la “integración” que evitan muros y aeropuertos, competidores por empleos informales y salarios bajos, que con la competencia tienden a bajar más y por eso son los peor pagados de la nación.
Los prescindibles del paisaje urbano. En Mérida, los árboles compiten con los automóviles, vomitados a las calles a un ritmo mayor que el aumento de la población, y pierden. Tan rápido como los “inútiles” pobladores rurales desaparecen al ritmo que dicta la “necesidad” de los coches. Las plantas de ornato no son dueñas del suelo que los sustenta y quizá por eso fenecen, los camellones y glorietas que las sustentan dicen que son un estorbo vial, pero igual se podría decir de las casas que delimitan las angostas calles del Centro Histórico y, sin embargo, hasta ahora, nadie pide que las tiren para ampliar las vías, pues tienen dueños y costaría más. Pero en las cabezas duras no entra la sana idea de que los espacios naturales, cada vez más escasos, son componentes vitales de la buena calidad de vida que las ciudades deben ofrecer a sus habitantes. El avance impetuoso de concreto y asfalto a costa del suelo y las áreas verdes empobrece el paisaje urbano y favorece el envenenamiento del aire y el agua del subsuelo.
Otros prescindibles. En Yucatán hay más prescindibles: dos aeropuertos internacionales, dos pistas poco usadas y una que para nada sirve. Y pese a las costosas inversiones quieren dejarlas en desuso, lo que no ocurriría en los países ricos, ahí donde los pequeños y medianos agricultores se extinguen arruinados y aplastados por los grandes corporativos agrícolas y que, por eso, son el modelo por el cual en Yucatán se suspira.
La supresión de pruebas a favor de Armando Medina y la violación sistemática de sus garantías individuales durante el juicio que lo mantiene en la cárcel han sido convalidadas por tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes con su voto hicieron de las normas y la propia justicia desechables.
Y debe quedar claro que esas prescindencias arrojan un resultado terrible: los actos ilegales y los crímenes cometidos por quienes no procuraron ni impartieron justicia en este sonado caso quedaron impunes.
Cuando las personas son prescindibles por imperativos económicos, las plantas y las áreas verdes por el consumismo voraz, las obras e inversiones por motivos políticos y cuando las leyes y la justicia se desechan para servir a los más poderosos, entonces tenemos derecho a plantear si no es que el sistema y sus estructuras son los que no nos sirven a la mayoría de los ciudadanos y que, por el bien de todos, de la sociedad y de la naturaleza, debemos pensar en cambiarlas por otras más útiles y menos costosas.— Mérida, Yucatán.
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