Mientras la Reforma Agraria y la Soberanía Alimentaria son ejes de la revolución bolivariana, hay fuerzas que quieren desembarcar con el “agronegocio”
Entre el 22 y 25 de septiembre se realizará en Venezuela Expo Barinas 2005. Según el influyente matutino Clarín, de Argentina, se trata “del desembarque de la mecanización agrícola argentina”. Esta exposición se realiza a partir del convenio firmado entre los presidentes de Venezuela y la Argentina, en el que Argentina importa gasoil y fuel oil, constituyendo un fondo de fideicomiso al cual el estado venezolano accede importando bienes agroindustriales de Argentina. Pero, ¿son estos bienes los que realmente necesita Venezuela?.
Venezuela está llevando a cabo una reforma agraria que impulsada desde arriba, no está exenta de problemas. Esta ha chocado con el desinterés o el sabotaje de parte de la burocracia estatal, las redes de poder de los latifundistas, la violencia paramilitar, el sistema de justicia heredado del viejo régimen y la falta de organización autónoma campesina.
El programa del presidente Hugo Chávez retoma la iniciativa de los movimientos rurales en muchas partes del mundo. Lo hace en un momento en el que la tierra y el futuro de la agricultura se han vuelto centrales. En Venezuela se juega hoy el rumbo que la cuestión campesina seguirá en América Latina. El mismo Chávez ha señalado que "la lucha y la victoria contra el latifundio es como el oxígeno para esta revolución, es parte esencial de la vida de este pueblo".
La misión comercial argentina no parece estar a tono con las reformas bolivarianas, los porotos sólo parecen estar puestos en el fideicomiso de 250 millones de pesos, provenientes de la compra de combustible que llevó adelante el ministro de Planificación Federal de Argentina, Julio De Vido, quien solicitó a las autoridades venezolanas que permitan la compra de ganado y maquinarias agrícolas, sin hacer una evaluación de las necesidades de ese proceso.
El informe del viaje exploratorio realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a Venezuela, en Febrero de 2005, no tiene en cuenta el desarrollo y la inclusión de los factores socio-culturales. Sólo hace hincapié en las ventajas comerciales comparativas: “una tierra de bajo costo, productiva, un gasoil de precio insignificante, un costo de la urea (fertilizante) un 50 por ciento más bajo que en Argentina, surge una idea de análisis de desembarco productivo de algunos productores argentinos en Venezuela, al igual que lo están haciendo en forma incipiente en Uruguay y Bolivia”.
“El tema marcha mucho mejor de lo que habíamos soñado”, aseguró Mario Bragachini, del INTA Manfredi, y uno de los principales impulsores de Expo Barinas. “Los venezolanos quieren pasar de 2,2 millones de hectáreas sembradas a casi 5 millones en 10 años. Eso significa hablar de un mercado de entre 400 millones y 500 millones de dólares, y nosotros podemos aspirar al 30 por ciento, es decir, 150 millones de dólares”, explicó Bragachini. Los empresarios también confían en abastecer parte de las 6 mil cosechadoras, 12 mil tractores, 12 mil sembradoras, 12 mil rastras de disco y 12 mil pulverizadoras de arrastre tres puntos que Venezuela demandará hasta 2015. Hasta aquí el tema parece ser sólo “petróleo por máquinas”. Aunque las máquinas que Argentina envía son ideales para el cultivo a gran escala, nada más alejado de la reforma agraria impulsada.
Alertado por el movimiento Vía Campesina sobre los proyectos de la transnacional biotecnológica Monsanto para cultivar soja transgénica en Venezuela, el presidente Hugo Chávez prohibió el año pasado el uso de trangénicos en la producción agrícola. La declaración del presidente fue aplaudida por los movimientos sociales y campesinos de todo el continente que luchan contra la dominación de las transnacionales en la agricultura.
Sin embargo no hay ninguna ley ni decreto para establecer la prohibición o reglamentar el manejo de transgénicos en el país. Algo semejante ocurrió en Brasil durante el gobierno de Cardoso, cuando se inició la siembra ilegal de soja transgénica proveniente de Argentina, comercializada sin marca en bolsas blancas, la llamada “Soja Maradona”. Una vez instalada la semilla en el territorio, el actual gobierno brasileño tuvo que admitir la producción transgénica como un hecho consumado, forzando a elastizar la legislación.
Hasta el propio secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de Argentina, Miguel Campos, ha reconocido la estrategia cuando recientemente declaró que “Monsanto no patenta bien en la Argentina. No patenta las semillas, por equivocaciones o por estrategia, ellos dicen que por cuestiones de trámites, pero a ellos no les interesaba patentar”. Ahora Campos pide ayuda a legisladores para defender la exportación de soja a Europa, denunciando en Bruselas la "acción extorsiva" de Monsanto que frena los embarques de la soja argentina para cobrar en Europa las regalías sobre las semillas transgénicas utilizadas en el país.
El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Venezuela (INIA), afirma que el 70 por ciento de las semillas venezolanas son importadas, y admite que no hay control aduanero para la entrada de semillas. “Es bastante probable que así como hicieron en otros países, las semillas entren de contrabando, pero no tenemos control”, afirmó el presidente del INIA, Prudencio Chacón. Según la Oficina Nacional de Diversidad Biológica del Ministerio del Medio Ambiente de Venezuela, la fiscalización es imposible por la carencia de equipos capaces de detectar la transgenia.
Desinformación, falta de fiscalización buena propaganda. Estos son los elementos que favorecen a las transnacionales productoras de semillas preparar el terreno a la producción de transgénicos en Venezuela, repitiendo la estrategia de la “Soja Maradona”. Monsanto no registró la semilla en Argentina porque su objetivo no era el mercado argentino, sino el brasileño, al cual le estaba imposibilitado ingresar y al cual hoy está obligando a pagar regalías. Los productores brasileños del estado de Rio Grande do Sul le llamaban “Soja Maradona”, según cuenta el Ing. Agrónomo Adolfo Boy, a una soja que era petisa y necesitaba de droga para prosperar (el herbicida glifosato, patentado por Monsanto con la marca comercial de Roundup) entre las gramíneas competidoras.
El modelo defendido por el agronegocio como solución para acabar con el hambre en el mundo va a contramano de la Soberanía Alimentaria. En el ejemplo argentino, es responsable de la expulsión de miles de agricultores que se vieron obligados a abandonar el campo, tanto por conflictos en la posesión de tierras, como por la falta de condiciones de producción. En Argentina se estima que 300 mil pequeños productores fueron expulsados de sus tierras y hoy son parte de los bolsones de miseria que se desparraman por todo el país.
Es parte de la discusión desatada recientemente entre la Federación Agraria Argentina (FAA), que nuclea a los pequeños y medianos productores, y la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID). Desde la Federación Agraria, se sostiene que "AAPRESID revindica el crecimiento productivo de nuestras praderas pero no hace alusión alguna a la desaparición de 103.450 pequeñas y medianas familias agrarias".
Es la misma AAPRESID que el informe del INTA recomienda para trabajar en Venezuela, cuando dice que “AAPRESID podría colaborar en todo el desarrollo tecnológico que los productores Argentinos pusieran en práctica”.
El Grupo de Reflexión Rural de Argentina (GRR) explica la operación en ejecución de esta manera: “Venezuela nos envía fuel-oil generosamente para satisfacer las necesidades del agro y nosotros le ofrecemos pagar la deuda con una exposición de maquinaria agrícola que se prepara en la localidad de Barina y que pondrá toda la producción argentina de “fierros”, o sea de maquinaria agrícola, a disposición del mercado venezolano. ¿Quién organiza esta exposición en representación del Gobierno Argentino?. El Ingeniero Chepi, presidente del INTA, y Gustavo Grobocopatel, presidente de Bioceres, una empresa que intenta por encima de un universo absolutamente patentado por las multinacionales, el desarrollo de una supuesta biotecnología nacional”.
El GRR describe la jugada como “una carambola a tres bandas”: cuando Venezuela envía fuel-oil a Argentina se le posibilita a la petrolera española Repsol-YPF continuar con sus exportaciones de petróleo crudo desde Argentina hasta agotar las reservas y, en especial, se le permite mantener la disposición de no fabricar gasoil, cosa que siempre hiciera YPF (cuando era estatal) y que hiciera, además, a un precio promocional para el trabajo agrario. Cuando Argentina le paga a Venezuela con maquinaria agrícola, en realidad le está vendiendo maquinaria de “siembra directa”, método de siembra harto difícil de adaptar para semillas que no sean genéticamente modificadas para tolerar ciertos herbicidas. De tal manera se le está abriendo el camino a Monsanto en Venezuela para entrar con la “Soja Maradona” que actualmente no está permitida en ese país. Dos bandas: los acuerdos benefician a Repsol y a Monsanto. ¿Cuál es la tercera banda?: La tercera pertenece al universo del discurso progresista, un discurso que alienta la relación con Chávez pero que, fingiendo posiciones, respalda políticas neoliberales.
Discursos como los que presenta FERIAGRO, la organización de la mayor Exposición del agronegocio argentino en sociedad con el conglomerado de medios de comunicación más grande de latinoamérica, el Grupo Clarín, hacen de “buenos de la película”: “Venezuela se ha propuesto como política de Estado desarrollar su agricultura y ganadería para lograr su autosuficiencia alimentaria, invertirá en el sector cerca de 1.000 millones de dólares hasta el 2006, por lo que la Argentina se presenta como un socio capacitado para cumplir este objetivo”.
Consultado sobre esta preocupación, Alfredo Lugo, agregado cultural de la Embajada de Venezuela en Argentina, reconoció las pujas de intereses que se presentaban en una revolución que se estaba realizando de arriba hacia abajo, considerando positivamente las críticas y aportes que se hicieran para despejar dudas, crear conciencia y contribuir con el proyecto bolivariano.
Según el informe del INTA, “todo Venezuela posee 2000 hectáreas de soja. La soja tiende a incrementar su área de siembra en los próximos años en una gran zona agrícola de Venezuela. Paralelamente se piensan instalar empresas aceiteras y también por añadidura se reiniciará la siembra y el desarrollo del cultivo de Girasol”.
La Agricultura Venezolana representa menos del 10 por ciento del PBI, sólo utiliza el 5 por ciento de las tierras cultivables, lo que la hace muy apetecible para el agronegocio en busca de “nuevos territorios”.
El informe agrega que “es una agricultura por ahora subsidiada con recursos de la explotación petrolera, pero existe la decisión política de realizar una transformación productiva con subsidios orientados al desarrollo tecnológico sustentable. Para el año 2005, el Gobierno posee una partida de promoción agrícola de 600 millones de dólares”.
“Las sembradoras más demandadas son para grano grueso con distribuidores monogranos (Maíz / Sorgo / Poroto), en un futuro soja”, dice el informe. Mientras el presidente de la Federación de Ganaderos y Agricultores de Venezuela (FEGAVEN), Balsamino Belandria, asegura que “las máquinas no regresan, ya están todas vendidas".
Para la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de la Plata otra debería ser la propuesta para Venezuela: el desarrollo de una agricultura inclusiva acorde a la Reforma Agraria, realmente productora de alimentos y no de “commodities”, mediante prácticas de “agroecología” o siembra directa en pequeña escala y sin paquetes insumo-dependientes, lo cual es totalmente factible. Lo paradójico del caso es que el mismo INTA posee los recursos técnicos y humanos para realizarlo.
Fernando Glenza - Desde La Plata
Fuente: APM - Agencia Periodística del Conosur
