Alimentos Heinz, la filial venezolana de la firma estadounidense H.J. Heinz, afirmó AYER martes que la orden de un gobernador de tomar el control de una planta de procesamiento de tomates carece de base legal.
La empresa dijo que el gobierno nunca les notificó de una posible toma o cualquier proyecto para expropiar de la planta.
"Aspiramos se aclaren las motivaciones por las cuales se ha actuado de esta manera, ya que hasta este momento" no han recibido "notificación alguna por parte de organismos oficiales acerca de la intervención y/o expropiación", dijo la empresa en un comunicado difundido ayer martes.
Representantes de Heinz no pudieron ser localizados para comentar al respecto.
La planta, localizada en el poblado de Caicara de Maturín, en el estado oriental de Monagas, esta en receso porque en los últimos años "no han existido las condiciones de cantidad y precio para el procesamiento del tomate en esa zona del país".
"Una de las razones que influyeron en la suspensión de esa planta fue que los agricultores de la zona no honraron los contratos de suministros que habían suscrito, por preferir vender el tomate en el mercado fresco toda vez que se vendía a mayor precio, dejándonos en consecuencia desprovistos de la materia prima esencial", indicó Heinz.
Agregó el comunicado que funcionarios de la empresa buscan una audiencia con el Vicepresidente José Vicente Rangel y el Ministro de Agricultura para conversar sobre el problema.
La empresa espera "que en muy corto plazo se aclare toda esta situación y sea restituida la propiedad".
José Gregorio Briceño, gobernador de Monagas y cercano aliado del Presidente Hugo Chávez, ordenó la semana pasada tomar el control de la planta, alegando que con la medida buscaba proteger sus activos de saqueadores para ponerla nuevamente en funcionamiento.
El gobernador refirió que una vez que la firma foránea adquirió la planta, en 1997, la procesadora cesó operaciones, llevando a la ruina a cientos de campesinos.
Se espera que se formalice la expropiación antes que finalice septiembre. Como paso previo para la expropiación, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, debe declarar la planta de "utilidad pública".
Chávez, que se ha declarado socialista, ha jurado expropiar las empresas que se encuentren cerradas o parcialmente paralizadas. En lo que va de año ya decretó la expropiación de dos empresas privadas.
Los funcionarios de Heinz expresaron que reconocen las "acciones de responsabilidad social que el Ejecutivo desea realizar", pero destacaron que "deben hacerse con apego a la Constitución". Destacaron además que la planta fue ofrecida a la venta hace algún tiempo.
La toma de la planta de Heinz coincide con la intervención de las instalaciones industriales de la empresa de Alimentos Polar, ordenada la semana pasada por el Gobierno, alegando que la empresa estaba inactiva. Polar refutó esas alegaciones.
Según la Constitución, el gobierno respeta la propiedad privada, pero prevé que "por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes".
