Texto: Sabrina Machado
Caracas
Empresas Polar, representadas por su asesor jurídico Guillermo Bolinaga, introdujo ayer un recurso de nulidad en contra del decreto del Consejo Legislativo de Barinas que declaró como de utilidad pública los silos de dicha empresa en esa entidad, así como el decreto de expropiación dictado por el gobernador Hugo de los Reyes Chávez, por considerarlos inconstitucionales e injustos.
De acuerdo con el representante judicial, la acción emprendida por el Ministerio de Agricultura y Tierras y la Gobernación del estado Barinas viola los artículos 115, 259 y 211 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, encontrando “importantes vicios de desviación de poder y omisión de la formalidad de derecho”.
Entre los aspectos señalados en el documento emanado por la gobernación de Barinas, donde se certifica la expropiación de los silos y la planta de procesamiento de harina de maíz y aceite de Promabasa, se señala que “se decretó la adquisición forzosa de los bienes presuntamente de propiedad de la empresa Remavenca que sean indispensables para la obra y que se especifican a continuación: silos, galpones, áreas de almacenaje, patios de maniobras, terrenos, locales donde funcionaban la planta de procesamiento de harina de maíz y extracción de aceite y sus derivados, con todos sus accesorios”.
Confianza
Ante esta eventualidad, Bolinaga manifestó sentirse confiado en la decisión del máximo tribunal del país, ya que —a su parecer— la ejecución de una acción de este tipo es inédita en la nación, además se siente apoyado por las fuertes implicaciones que tiene este proceder para el respeto a la propiedad privada y al libre ejercicio de la actividad económica.
“No conocemos ningún caso en el que se haya expropiado una instalación que funciona, por lo tanto, creemos y tenemos la tranquilidad de espíritu y la convicción de que tenemos la razón. Esto es lo que nos hace creer que tarde o temprano vamos a tener una respuesta de la justicia venezolana”.
Durante su comparecencia en el TSJ, el asesor jurídico de Polar reiteró que las instalaciones de Barinas I se encontraban totalmente operativas, generando bienestar y empleo a un grupo significativo de personas y que el único momento en que los silos dejaron de trabajar fueron durante los 35 días desde que se emprendió la acción por parte del Ministerio de Agricultura y Tierras.
“En este momento tenemos en patio entre 27 y 30 camiones, los silos están aptos para operar y tenemos una agencia comercial que despacha 34 mil kilos de productos diarios terminados, siempre hemos dicho eso y la realidad se ha impuesto”, aseguró.
Por tal motivo, afirmó sentirse confiado en que la decisión del Poder Judicial respalde su posición, porque “pensamos que éste es un caso inédito, particular e increíble, porque se trata de una instalación en la que hay cien venezolanos trabajando directamente y más de 500 indirectamente”, afirmó el representante judicial de las empresas Polar.
La procuradora
Por su parte, la Procuradora General de la República, Marisol Plaza, afirmó que el Gobierno y los poderes públicos garantizan la propiedad privada. Desde su punto de vista, se ha tratado de confundir a la opinión pública sobre el tema.
Plaza explicó que la propiedad privada tenía limitaciones también en la Constitución de 1961 y nadie protestaba.
La Procuradora aseveró que la mayoría de las tierras fértiles del país pertenecen al Estado, pero algunas personas las han ocupado y van a los medios de comunicación social a quejarse, aunque no tienen documentos que los acrediten como propietarios.
